Una suboficial de la Policía fue acusada por aportar datos para que una banda asalte en un corralón
El hecho sucedió el 20 de enero en un negocio ubicado en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de El Suyuque-Los Molles.
Este lunes pasadas las 10, el fiscal de Instrucción, Francisco Assat Alí formuló cargos contra Analía del Valle Gil, una suboficial de la Policía que está sospechada de participar en un violento robo en un corralón. El hecho ocurrió en la tarde del sábado 20, en un local emplazado en el kilómetro 19,5 de la Autopista 25 de Mayo.
La mujer, que estaba de licencia psiquiátrica, fue acusada de robo calificado por el uso de arma, por ser en lugar despoblado y en banda, agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad. Assat Alí solicitó una prisión preventiva por un plazo de 120 días.
En su relato de los hechos ante el juez de Garantías, Marcos Flores Leyes aseguró que Gil “brindó un aporte imprescindible” para que se concretara el violento robo. El rol estuvo vinculado a proporcionar información a los asaltantes sobre las condiciones del lugar, el propietario e incluso sobre dinero que había recibido previamente.
Esta hipótesis surgió a partir de que un sobrino de la implicada trabaja en el negocio.
“Sabía sobre los movimientos del lugar, la edad de la víctima y el difícil acceso al lugar”, agregó Assat Alí.
Por el mismo hecho, ya cumplen prisión preventiva por 120 días Lola Saavedra, Silvia Farías, Alejandra Bravo y Martín Barrera. Todos son oriundos de Mendoza y habrían llegado concretamente para cometer el ilícito.
El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que el 20 de enero a las 13:30, las tres mujeres acudieron al negocio a pedir un presupuesto para una pileta. Luego volvieron al lugar alrededor de las 17:30, pero buscaban mayores precisiones.
El dueño, Juan Guzmán las hizo pasar porque creyó que eran clientas potenciales. Fue en ese momento cuando irrumpieron dos hombres: Barrera y Jonathan Pizarro, quien sigue prófugo. El primero le puso un cuchillo en el cuello mientras que el otro lo amenazó con una escopeta.
Seguido a eso, Pizarro lo maniató con cables. La víctima entregó unos $50 mil que tenía en el bolsillo. Luego dieron con $300 mil que estaban en una bolsa en el lavarropas y le pidieron las llaves de su camioneta.
En el vehículo, los delincuentes se dirigieron puntualmente a un maletín que estaba debajo de un asiento y que tenía 1700 dólares. Con ese botín se dieron a la fuga.
Las tareas investigativas derivaron en la detención de los cuatro primeros implicados cuando estaban por dejar San Luis. Fueron aprehendidos en La Tranca, dirigiéndose a San Juan.
Asimismo, la Policía realizó allanamientos. Uno de ellos en la ciudad de La Punta donde vive quien hoy está prófugo. En el lugar encontraron el cuchillo y restos de tela quemada que pertenecerían al maletín del comerciante.
Pero además de eso, pudieron determinar que el día del atraco, el vehículo de Gil había estado en el ingreso al corralón, alrededor de las 12:20. A través del Sispro, detectaron que había pasado por la zona y que un día más tarde estuvo en la vivienda de Pizarro.
Assat Alí sumó como pruebas fotos y videos del celular de una de las implicadas donde también se ve el auto de la suboficial. Y dijo que el celular de Gil fue reseteado el 22 de enero, mientras se realizaban las detenciones de quienes serían sus cómplices.
Subrayó que la mujer dio un “aporte indispensable porque sin el mismo no hubiera podido cometerse” el asalto.
Entre los fundamentos de la prisión preventiva tuvo en cuenta el peligro de fuga, el entorpecimiento a la investigación y la integridad de la víctima.
El abogado Jorge Sosa, quien representa al comerciante, adhirió a los planteos del fiscal y mencionó que dos días antes del robo, la mujer había estado en el corralón intentando abrir una tranquera.
Por su lado, Gil se abstuvo de declarar y su abogado, Ricardo Gutierrez Esley solicitó la prórroga de los ocho días. Antes de eso, consideró que la acusación fue “una sumatoria de conjeturas” y no existen pruebas en contra de la mujer.