Ahora un fiscal adjunto y ex funcionario provincial irá a juicio oral por violencia de género

El fiscal adjunto de San Luis, Fernando Salas afronta una grave y dura denuncia por violencia de género. La última novedad surge del expediente judicial: deberá acudir al juicio oral.

Quien lleva adelante la acusación es la Fiscalía N° 1, a cargo de Maximiliano Bazla y se tramita en el Juzgado de Familia N° 4. La solicitud de pena es que sea declarado culpable por amenazas en cinco oportunidades y desobediencia de siete órdenes judiciales. El pedido de condena es de 2 años de prisión en suspenso.

Salas integra la lista de nombres que llegaron a la Justicia envueltos en polémica. Se trató de un escandaloso nombramiento por parte de Alberto Rodríguez Saá, con acuerdo del Senado, de 30 funcionarios en el ministerio público sin haber pasado por las audiencias de evaluación técnica.

El ex gobernador, valiéndose de una disposición transitoria de una ley de la reforma judicial, postuló a miembros del gabinete provincial y militantes de su partido. A partir de una cláusula especial entraron al sistema sin pasar por el Consejo de la Magistratura.

El ahora denunciado por violencia de género fue jefe de Subprograma de la dirección de Trabajo del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, durante la gestión en la cartera de Fabián Filomena y asumió el 8 de agosto en 2022 junto a otros siete fiscales que comenzaron a trabajar en colaboración con los fiscales de Instrucción.

En la última audiencia la jueza María Agustina Dopazo rechazó un posible acuerdo para evitar el juicio y decidió que la próxima instancia sea el control de la carga probatoria y luego la cita en Tribunales.

De nuevo sobre la denuncia. Si bien la intervención de la Justicia penal fue el 5 de octubre del 2023 el primer hecho que da cuenta una de las hijas de Salas data del 25 de julio del mismo año cuando llamó al 911 pasadas las 21 y manifestó que se encontraba encerrada en un baño. El registro de la línea cuenta: “Se llegó su padre al domicilio, el mismo está agresivo; expresa que está golpeando las cosas de la vivienda”.

Luego de que varios agentes arribaran al domicilio ubicado en la zona noreste de la capital, Salas se retiró.

Ese mismo día la ex pareja (este medio decidió denominarla B.C) radicó la denuncia policial en la Comisaría 7° y da cuenta de cómo sufrieron las agresiones: “Se hace presente en mi domicilio a visitar a nuestras hijas. Una vez en el interior y estando en presencia de nuestras niñas comenzó a insultarme, a maltratarme, manifestando que no se retiraría y que sabía bien lo que iba a hacer de acá en un tiempo porque ya me había advertido”.

“Al ver esta reacción de enojo por su parte le pedí que por favor se retirara ya que nuestras hijas comenzaron a llorar y es ahí que él le amaga con pegarle una piña a mi hija más grande. De inmediato las tomo y las encierro en el baño para cuidar su integridad y trato de calmarlo. En su ira seguía manifestando que ya tenía todo perdido y que va a romper todo”, reza la exposición.

Al otro día se dictó la restricción de acercamiento a menos de 200 metros y de contacto a través de cualquier vía de comunicación. Esta medida en particular era prevista por cuatro meses. Luego el fiscal adjunto no solo violó la disposición sino que siguió rompiendo las resoluciones judiciales.

El 28 de agosto la Justicia definió suspender de manera provisoria la comunicación con sus hijas, su ex pareja y su grupo familiar, incluido los padres. En este caso la delimitación era de 500 metros y, en ese momento, la duración debía ser de siete meses.

A todo esto, se le suma un informe socioambiental realizado el 24 de agosto del año pasado con bases a entrevistas a B.C y las hijas. Se trata de otra grave prueba. Puntualiza que se identificó ejercicio de violencia psicológica (agresiones verbales, amenazas de muerte, hostigamiento, control y descalificaciones) y ambiental, de manera “crónica y con escalada” tanto durante la relación como concluida la misma.

“Sus hijas también han sido víctimas de agresiones por parte de su padre (sobre todo de tipo verbal) y testigos de la violencia hacia su madre. Estas situaciones se intensificaron luego de la separación definitiva de la pareja en 2022”, indica el relato profesional y agrega el temor de la mujer “ante posibles represalias”.

Otro estudio pericial médico psiquiátrico de expertos que integran el Cuerpo Profesional Forense explica que Salas se destaca por su “escasa tolerancia a la frustración y su rigidez frente a estímulos que desbordan su capacidad de afrontamiento”. También precisa que su afectividad “tiende a la labilidad, con una inadecuada canalización de sus emociones”.

“En ámbitos intrafamiliares afectivos inmediatos hay un mecanismo de omnipotencia y proyección, siendo probable que surjan cuestiones impulsivas frente a algunas situaciones que sus recursos rígidos no le permitan adaptarse. Presenta escasa capacidad empática y establece vínculos interpersonales donde prima la dependencia por un lado y el egocentrismo por otro”, dice el documento adjuntado.

El expediente también muestra cómo, de forma permanente, llamaba a la mujer y le enviaba mensajes de WhatsApp   whatsapp en horas de la madrugada. No conforme con eso violó en reiteradas ocasiones la orden de acercamiento. Circulaba con su auto por el frente de la propiedad y otros encuentros como el dado en la cochera que comparten. Hoy, Salas circula con una tobillera electrónica.

Un mensaje grafica la acusación: “Yo te juro que te veo o me entero que estás con un tipo y lo rompo a los dos; denunciame si querés; ya no me importa nada; los rompo a los dos en mil pedazos aunque vaya en cana”. Esto se replica una y otra vez, según las pruebas aportadas.

Durante meses B.C vivió un infierno. Audios, fotos enviadas, llamadas, hostigamiento. Todo proveniente de Salas y con diferentes medidas precautorias en el medio. Esto último no importó.