Compromiso Federal y el FpV sostuvieron el veto a la ley de beneficios a los bomberos voluntarios
Los cuerpos voluntarios sanluiseños deberán seguir esperando. Es que los dos bloques políticos, en comunión en la Cámara de Diputados, lograron imponer una ajustada mayoría y de esa forma no se habilitó el tratamiento del proyecto que proponía dejar sin efecto el veto del gobernador Alberto Rodríguez Saá a la ley que contempla una serie de beneficios sociales a los bomberos voluntarios.
Así, se posterga el reconocimiento a los cuerpos voluntarios que, desde hace 14 días, libran una batalla sin cuartel contra el fuego que devoró, según registros del propio Gobierno, 14.500 hectáreas en el corazón de la geografía puntana. En las últimas 48 horas, las llamas les dieron una tregua, ya que este mismo martes se informó que se habían extinguidos los últimos focos ígneos.
Con todo, el bloque oficialista con el acompañamiento del Frente para la Victoria totalizó 17 votos y mantuvo muerta la letra de la ley. Así se impusieron a los 16 que reunieron los bloques Cambiemos (UCR-PRO), Mercedinos por el Cambio y el bloque Nacional y Popular.
En la práctica, significa que el conjunto de los bomberos voluntarios sanluiseños no gozará de los beneficios que la misma Cámara Baja autorizó por unanimidad el 25 de noviembre de 2015. Un día después, el Senado le dio sanción definitiva.
El jefe de la bancada justicialista, Carmelo Mirábile, defendió el veto del gobernador Rodríguez Saá a la Ley VIII09352015, que reconoció una serie de distinciones a los trabajadores de los cuerpo de bomberos voluntarios. En el mismo sentido que el miembro informante del peronismo gobernante, se expresaron sus pares Luis Martínez, Graciela Mazzarino y el aliado K, Daniel González Espíndola. Después, con sus votos reafirmaron el “no” a la misma norma a la que le dieron vida en 2015.
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El radical Alejandro Cacace pidió el tratamiento en el recinto del proyecto de resolución por el cual se rechazaba el veto de la norma “por haber sido devuelto fuera de término, incumpliendo los procedimientos previstos en el artículo 134 de la Constitución provincial y concordantes”. A él, se sumaron Raúl Laborda, Juan Manuel Rigau, Fidel Haddad y Verónica Causi.
La ley ordenaba un reconocimiento económico a quienes acreditaran “haber prestado servicio efectivo continuo o alternado por 25 años, o aquellos que hayan alcanzado la edad de 55 años con 20 años de servicios y hayan estado en actividad los últimos 10 años e incluso a aquellos incapacitados de manera permanente por un acto de servicio, siempre que tengan una antigüedad mínima de 15 años de servicio”.
La suma que estipulaba fue equivalente al monto que cobran en forma mensual los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Es decir $2.500.
Al mismo tiempo, a quienes tienen una antigüedad mínima de 5 años y no poseen vivienda, se les daba prioridad para la adjudicación de viviendas sociales.
Otros dos beneficios que consideraron justos fueron la cobertura médicoasistencial de DOSEP para el bombero y su grupo familiar directo, y un seguro de vida por accidentes de trabajo.
“Esta ley fue producto de una extensa lucha del cuerpo de Bomberos Voluntarios para lograr el reconocimiento de derechos que le han sido históricamente postergados. Estos humildes servidores de nuestra comunidad arriesgan su vida cada día y es con gran orgullo que el Estado debe brindarles apoyo económico y social por el desempeño de tan noble tarea”, argumentaron hoy los legisladores de Cambiemos, Mercedinos por el Cambio y el bloque Nacional y Popular.
Los diputados opositores insisten que el veto de Rodríguez Saá fue extemporáneo. Con ese argumento constitucional, sostienen que la “ley está plenamente vigente y operativa”.
Aún con esos fundamentos, chocan contra la mayoría justicialista y un sector kirchnerista que mantienen muerta la letra de ley que es considerada una reivindicación a un sector que merece un reconocimiento. Martínez y González Espíndola coincidieron, por separado, en adelantar que se está trabajando en una nueva iniciativa.