San Luis, la provincia menos transparente de la Argentina
El índice 2018 del CIPPEC le otorga al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá el último lugar del ranking nacional. Tiene el puntaje más bajo porque no divulga el uso de los fondos que provienen de los impuestos.
El informe del prestigioso centro de estudios refleja y confirma el discrecional manejo de las cuentas públicas que se viene denunciando en ámbitos como la Legislatura y el Congreso nacional, y desde algunos medios de comunicación locales.
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El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) presentó el estudio denominado Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) a partir de una serie de variables, que otorga cero para el peor desempeño y 10 para el mejor y más completo.
Los 3 puntos de San Luis significan que exhibe “valores bajos de transparencia”. Están en el fondo de la tabla junto Chubut (4,20), Santiago del Estero (5) y Tucumán (5,25).
El grupo de provincias que aprobó lo encabezan Córdoba (9,90), Entre Ríos (9,65), Santa Fe (9,55), la ciudad de Buenos Aires y Chaco (9,50), Neuquén (9,20) y la provincia de Buenos Aires (9,05).
El informe de 2018 que fue difundido hoy por el diario La Nación valora “la disponibilidad, oportuna y de fácil acceso, de información sobre el uso, origen y aplicación de los recursos presupuestarios”.
La medición se hace en función de los datos publicados por los gobiernos provinciales en los sitios de internet de los ministerios de Hacienda, la Contaduría General de cada provincia, las oficinas de presupuesto y los portales específicamente dedicados a la transparencia presupuestaria.
Según el ITPP, San Luis “presenta un pobre desempeño en casi todas las dimensiones relevadas”.
Los hechos demuestran que el actual Gobierno provincial en forma sistemática no publica la información y la que da a conocer, en la mayoría de las veces, es parcial.
Dicho de otra manera, la gestión de Rodríguez Saá no exhibe en los términos que debe hacerlo el destino del dinero que surge de los impuestos que pagan los vecinos de San Luis.
La falta de transparencia se explica en que esos recursos no se vuelcan a cumplir con las obligaciones del Estado, porque tienen otras finalidades como financiar la campaña electoral del oficialismo. Un ejemplo son los más de $2.300 millones que salieron del Tesoro para sostener a los candidatos del oficialismo en 2017.
En el listado también se inscriben la ausencia de información sobre los $2.400 millones de títulos públicos que constituían las reservas; los $369 millones de publicidad oficial; los $84 millones de gastos reservados del gobernador; los $80 millones entregados a la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis y los gastos reservados de los ministros.
El CIPPEC, que acaba de ser reconocido a nivel internacional como el mejor de la Argentina en dos de sus especialidades, señala que “la transparencia fiscal es una cuestión de primera importancia”.
En este sentido indica que “mejorar la transparencia redunda en mayores oportunidades de participación en el debate público, ayuda a mejorar los procesos de rendición de cuentas e incrementa la eficiencia en la asignación de los recursos públicos”.
El informe sostiene que los gobiernos deben “garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública confiable y a tiempo”.
Las bancadas de Diputados y Senadores oficialistas actúan como un muro que bloquea todos los reclamos institucionales de rendiciones de cuenta del Gobierno y los funcionarios del Poder Ejecutivo, en la mayoría de los casos, no responden las demandas de información de la prensa.
La falta de transparencia es otra cuenta pendiente de la gestión de Rodríguez Saá.