Van más de dos semanas de paro y el Gobierno provincial sigue ignorando la crisis del transporte público

La crisis del transporte es un problema que no tiene fin en San Luis. En un año y medio el interurbano ha atravesado al menos cinco paros y dejó a los usuarios sin servicio por más de 40 días. La falta de intervención del Gobierno provincial fue moneda corriente en todos los conflictos.

El actual reclamo de los trabajadores del interurbano y el urbano de Villa Mercedes comenzó el 11 de mayo, debido a que las empresas depositaron la mitad de los salarios de abril.

En las más de dos semanas que lleva la medida de fuerza, el Gobierno de Rodríguez Saá se mantuvo prácticamente en silencio. Se ocupó de sacar el tema de la agenda pública y lo desconoció.

La ausencia del servicio que representa un problema adicional para miles de ciudadanos y la asfixiante situación socioeconómica de diversos sectores, forman parte también de la emergencia de la pandemia.

Desde la UTA y las concesionarias han dejado en claro la cuota de responsabilidad que tiene cada actor en la crisis que arrastra el transporte público de pasajeros en San Luis.

El gobernador y sus funcionarios pasaron de achacarle toda la culpa a la gestión de Cambiemos a tomarse fotos, una y otra vez en los últimos seis meses, con el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni. En más de cuatro años el Gobierno provincial no concibió un plan que atienda a miles de usuarios que suben a un colectivo para ir a trabajar, educarse o cumplir obligaciones.

El paro alcanza a los servicios de MR Sol Bus- María del Rosario, Polo, Polo Sur, Panamericana, Blanca Paloma, Zenitram, Panaholma y Juana Koslay. 310 empleados son los que aún no cobran el total de los salarios (60 del urbano y 250 del interurbano).

“Acá tiene que haber una respuesta por parte del Gobierno en llamar a las empresas, entre ellos se tienen que poner de acuerdo”, subrayó el secretario General de UTA, Ivan Piñeyro y contó que han realizado gestiones ante el Programa de Relaciones Laborales. El dirigente insiste desde el primer día en la responsabilidad de las licenciatarias.

La empresaria Rosa Gómez (María del Rosario) adjudicó el incumplimiento de las obligaciones salariales a la baja recaudación por la cuarentena y porque los subsidios nacionales de abril todavía no impactan en las cuentas de las empresas.

Sobre este último punto, Piñeyro reconoció también que todavía no se acreditó el dinero porque la Provincia “no presentó la documentación y faltan terminar las rendiciones”.

Por su lado, el gerente de Blanca Paloma, Roberto Pérez advirtió que necesitan de un compromiso por parte de la gestión de Rodríguez Saá y de la UTA.

El jueves pasado hubo una reunión de autoridades del ministerio de Trabajo de la Nación, de las compañías, de la secretaría de Transporte provincial, del Programa Relaciones Laborales y del gremio.

"Hubo una negativa de las empresas para pagar la totalidad de los salarios. Tampoco la Provincia nos ha brindado una comunicación real. Ayer participó el delegado de Relaciones Laborales, pero tampoco dio opinión”, señaló Piñeyro en el cierre de la semana.

A raíz de eso, ratificaron la medida de fuerza y sumaron manifestaciones en San Luis y Villa Mercedes, como así también ollas populares en las sedes de las compañías.

Un momento bisagra de la crisis fue el 1º de enero de 2019. Con las nuevas reglas de juego impuestas por la Nación en materia de subsidios, los gobiernos provinciales asumieron los desembolsos a las concesionarias. Desde el abierto enfrentamiento que sostenía con el gobierno federal, Alberto Rodríguez Saá se convirtió en la excepción y no bajó los fondos.

El panorama parecía mejorar en febrero de este año, cuando tras la asunción de Alberto Fernández, San Luis firmó con Nación la implementación del Fondo Compensador por el cual las empresas del interurbano y urbano recibirían casi $162 millones en cuatro cuotas mensuales, para congelar los pasajes. Sin embargo, no ocurrió.

Con Rodríguez Saá alineado con el peronismo kirchnerista, en San Luis sigue todo igual en el rubro transporte. El Gobierno local no tiene una política de Estado.

Sin recursos los municipios no pueden hacer nada

En las múltiples medidas de fuerza, algunas localidades implementaron servicios de emergencia para trasladar a los vecinos hasta la capital puntana. Hoy esa asistencia no es posible.

Las caídas de la recaudación local y la coparticipación más la intransigencia del Gobierno de abrir el grifo de los recursos, han dejado sin oxígeno a los municipios.

"Estamos preocupados porque en esta cuarentena, se le suma a la gente un paro que afecta a los trabajadores. Por ahí el Gobierno ha tratado de sacarse de encima la responsabilidad echando culpa a la Nación como fue los últimos cuatro años. Pero ahora tenemos otra gestión y la situación sigue exactamente igual o ha empeorado”, sostuvo el intendente de La Punta, Martín Olivero.

En este sentido, reconoció: “Los municipios ya no nos podemos hacer cargo del servicio de emergencia, porque nuestro presupuesto es complejo y el vecino queda rehén de una pelea que le es ajena complicando más la economía familiar”.

De manera similar se expidió su par de El Trapiche, Juan Manuel Rigau. “La gente nos consulta y quiere saber hasta cuándo se mantendrá (la protesta). Son distancias muy largas y se complica porque hay quienes deben trasladarse a sus trabajos. Algunos empleadores entienden y otros no”, explicó.

“El problema del transporte es un tema viejo. El año pasado pasó lo mismo, con la diferencia que desde el municipio pudimos ayudar a los vecinos aportando unidades del municipio o contratados. Yo pedí en la videoconferencia que el gobernador se ocupe, pero hasta el momento seguimos igual”, dijo por su lado el intendente de Potrero de los Funes, Daniel Orlando.

Un repaso por las últimas medidas de fuerza del interurbano y la respuesta del Gobierno provincial

-El 11, 12 y 13 de febrero del 2019 los choferes interrumpieron el servicio y realizaron asambleas en punta de línea por la falta de pago de los sueldos y despidos de trabajadores. Afectó los corredores que presta Sol Bus, María del Rosario, Transporte Juana Koslay, Polo y Polo Sur.

-Al mes siguiente no hubo transporte interurbano durante 13 días. La UTA desarrolló una "abstención laboral" porque las empresas no abonaron el total de los salarios de enero. Al noveno día el Gobierno provincial llamó a una reunión, pero no hubo respuesta a los pedidos de subsidios.

La medida de fuerza comenzó el 1° de marzo y se replicó en Panamericana, Blanca Paloma, María del Rosario, Transporte Polo, Panaholma, Sol Bus, Polo Sur, Transportes Juana Koslay y Barloa. Se levantó el 13 de marzo, cuando Rodríguez Saá otorgó un préstamo de $35 millones a las compañías y autorizó una suba en el boleto.

-El 15 de abril, 25 y 29 de mayo tampoco hubo servicio en el interior provincial. En este caso, la UTA adhirió a medidas nacionales

-El 5 de julio, también del 2019, realizaron asambleas en punta de línea por la falta de pago de escalas salariales vigentes. “La postura es la misma, no tienen fondos para pagar en forma íntegra los sueldos (…) la verdad que la situación es bastante negativa, tanto por parte de las empresas como del Gobierno de la provincia, que no quiere salir a dar una solución”, dijo en ese momento Piñeyro.

-El 18 y 19 del mismo mes hubo nuevas medidas dispuesta por el gremio en el país. No hubo servicios en toda la provincia a excepción de Villa Mercedes, donde la Municipalidad se hizo cargo de los porcentajes que se reclaman en el orden salarial.

-Desde el 22 de julio al 27, miles de usuarios se quedaron otra vez incomunicados. Esta vez fue por una deuda con los trabajadores y porque no se pagaba una suba salarial homologada a nivel nacional.

Las compañías argumentaron la imposibilidad de afrontar los pagos, y los taxis y autos compartidos fueron algunas alternativas por las que optaron los vecinos.

El reclamo se levantó cuando el Programa Relaciones Laborales ordenó la conciliación obligatoria por un periodo de 15 días.

-Una nueva medida de fuerza se desarrolló por la UTA entre el 5 y 9 de septiembre del 2019. Tuvo su fundamento en la falta de respuesta de secretaria de Transporte de la provincia y las empresas ante la deuda salarial de unos los $30 mil por cada trabajador.

Desde el sindicato señalaron en ese momento que el Gobierno provincial era "el único responsable” de la situación por la que atraviesa el interurbano.

El paro finalizó tras "una propuesta acotada" de parte del Ejecutivo.

-La crisis de Transpuntano. En la transición entre Enrique Ponce y Sergio Tamayo estuvo 13 sin servicios. El incumplimiento salarial tuvo como consecuencia un paro. Así el actual intendente arrancó con el pie izquierdo su mandato. La normalización del servicio tuvo un alto costo social porque se suprimieron los boletos gratuitos de estudiantes y jubilados.