Sin IFE ni ATP: más de 100 mil puntanos dejarán de percibir los beneficios de la Nación
La decisión del Gobierno nacional impactará de lleno en la vida de las personas que viven problemas de trabajo desde el inicio de la pandemia y de empresas que reciben el respaldo, ya que desde la gestión de Rodríguez Saá no hubo asistencia.
Durante los últimos días desde la administración del presidente Alberto Fernández salió un contundente mensaje: no habrá un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10 mil y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) termina a fin de año.
Se trata de dos subsidios que venía pagando la Nación a más de 10 millones de personas en todo el país para paliar el impacto de la pandemia por coronavirus.
Es así que miles de puntanos se verán alcanzados por el recorte y dejarán de recibir el único beneficio ya que el Gobierno provincial nunca extendió un salvavidas.
Es que, según se desprende del último informe presentado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Cámara de Senadores el 7 de octubre, alrededor de 107 mil sanluiseños accedieron al IFE en las tres oportunidades. Esto significó una inversión total de $3.212.400.000.
En las dos primeras instancias lo hicieron 107.071 ciudadanos y se destinaron $1.070.700.000 en cada etapa. En la tercera y última edición lo recibieron 107.066 y requirió $1.071.000.000.
“El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía. Implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán el último jueves en declaraciones al Canal C5N.
En el caso de los ATP, inicialmente fueron asistidas 1.702 empresas de San Luis, luego 1.715, 1.390 y finalmente 937. El dinero llegó a 19.571 trabajadores en la primera tanda, luego el número fue decreciendo en las siguientes tres: 16.131, 12.376 y 8.510.
En términos de recursos fueron invertidos $419 millones en la primera etapa, $325 millones en la segunda, $208 millones en la tercera y $153 millones en la última. Haciendo un total de $1.105.000.000.
Lo concreto es que el programa sufrió un fuerte ajuste. Este mes pagará los sueldos de 500 mil empleados en todo el país, mucho menos que los 1.200.000 que se cubrieron el mes pasado, según consignaron desde el sector privado. A fin de año finalizará.
Sucede que los recortes tienen como idea central el “equilibrio fiscal” bajo la premisa de otorgar señales al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en plena misión en Argentina.
El Gobierno nacional justifica que, con la flexibilización de las restricciones a la actividad y a la movilidad, ya no es necesario financiar a tantas empresas.
Lo cierto es que las medidas impactarán de lleno en San Luis dado que se tratan de los únicos ingresos de miles de trabajadores.
Tan es así que, en medio de la crisis generada por la pandemia y la cuarentena, desde la gestión de Alberto Rodríguez Saá nunca se brindaron ayudas o alivios financieros.
El propio Rodríguez Saá, en reiteradas ocasiones, se escudó en los beneficios que llegaban desde la Nación.
“No estamos en condiciones de hacer una segunda ayuda, u otra ayuda, que la que ya está haciendo la Nación porque nuestro presupuesto está muy menguado, disminuido con esta situación”, sostuvo en una conferencia de prensa realizada el 11 de junio.
Sectores productivos y de servicios se han pronunciado múltiples veces. Pese a las caravanas, marchas y notas presentadas, nunca recibieron un acompañamiento del Gobierno de San Luis.