Por el Encuentro Plurinacional pidieron a la Justicia que el gobernador y el intendente protejan las iglesias católicas

La llegada del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarios se palpita con expectativas. Se sabe que arribarán a la ciudad de San Luis más de 100 mil personas. Los números y las últimas marchas generan al mismo tiempo inquietud. Pocos días atrás el Obispado resolvió proteger con chapones las puertas para prevenir daños sobre esos monumentos que son patrimonio cultural.

Ahora, un grupo de fieles católicos decidió acudir a la Justicia. Ayer presentaron en el Juzgado Civil N° 3 de la primera circunscripción una acción de amparo contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá y el intendente Sergio Tamayo por considerar que tiene “las máximas responsabilidades y deberes esenciales de garantizar la seguridad e integridad de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuyos templos, sacerdotes y fieles se ven gravemente amenazados”.

“Tristemente tenemos que hacer esto por prevención, ojalá que nada de esto haga falta, pero estamos tomando las medidas necesarias para cuidarnos, y cuidar nuestros templos. Esperamos que todo se dé de la mejor manera y con la mayor paz posible”, manifestó monseñor Gabriel Barba el último lunes en declaraciones a la prensa, tras el blindaje a la catedral. El recurso interpuesto ayer no lleva la firma ni del obispo y tampoco de sacerdotes.

Pidieron, en concreto, que dicte una medida cautelar de restricción de acercamiento “de todos los concurrentes al encuentro plurinacional y/o de grupos separados que lo integren, a no menos de 200 metros de los lugares donde están emplazadas las Iglesias, como única alternativa válida de protección urgente”.

La acción pretende que Rodríguez Saá y Tamayo arbitren “las medidas necesarias” para garantizar que los asistentes a dicho encuentro no se manifiesten “frente a las iglesias católicas de esta Ciudad, ni cometerán desmanes, destrozos, provocaciones ni descalificaciones contra los templos sagrados, ni contra sus ministros y fieles”. También que ambos ejecutivos deberán “abstenerse de promover y/o financiar otros eventos de esta índole a futuro” teniendo en cuenta los actos de violencia.

La presentación toma como fundamento todos los antecedes bajo “el convencimiento” de que esos actos “practicados por integrantes de ese colectivo contra nuestra Iglesia han contado con la autorización e impunidad de las autoridades provinciales”.

Al mismo tiempo hacen notar que este Encuentro Plurinacional es “el resultado de la planificación, financiamiento y ejecución previstas intencionalmente por el Gobernador de la Provincia, en connivencia con la autoridad municipal”. Que por todo esto se amerita y exigen “medidas de prevención y de protección tendientes a evitar que se produzcan hechos ilícitos que pongan en peligro la integridad física como la vida de los ministros del Credo; de sus fieles y colaboradores, como también la integridad material y patrimonial de los templos e imágenes sagradas”.

Se hace hincapié en las declaraciones que hizo la secretaria de la Mujer, Diversidad y Género, Ayelén Mazzina, al advertir sobre la posibilidad de tener “infiltrados” que “no comparten las posturas o pensamientos, donde también entran los cultos, las cuestiones religiosas y las cuestiones políticas”.

“En otras palabras, confirmó implícitamente que las marchas y actividades de este colectivo ideologizado en la extrema perversión de la moral humana y social, incluirán ataques o afrentas graves hacia nuestra Santa Iglesia Católica”, advirtieron.

“No escapa a ningún análisis reflexivo y razonado, tampoco a la colectividad puntana, que estos grupos violentos actúan premeditadamente y con absoluta impunidad, favoreciéndose de que las políticas públicas de seguridad se han implementado en todas las ocasiones en que se han manifestado en favor de garantizarles el derecho a manifestarse y de peticionar sin impedimentos ni obstáculos oficiales, aún a costa de sacrificar los derechos fundamentales de Nuestra Santa Iglesia Católica, de sus ministros y fieles, a pesar de que los efectivos policiales han sido testigos presenciales de los numerosos actos de vandalismo y de agresiones que ejecutaron”, dice en otra parte la acción interpuesta.

Detallaron, de acuerdo a la información oficial que se difundió, que “desde el Gobierno Provincial se elaboraron los planes y protocolos para llevar a cabo el encuentro”.

“Este encuentro se planificó en toda su organización y ejecución en el ámbito provincial” desde el momento que se fijó la fecha de su realización, y que se previó el alojamiento en escuelas y otros espacios públicos de los concurrentes al evento.