El condenado ex ministro Sergio Freixes apareció en la campaña como interlocutor de Jorge “Gato” Fernández
Fue el brazo ejecutor de Alberto Rodríguez Saá para apretar y someter a jueces, la Justicia Federal lo halló culpable y mientras espera que la Corte confirme la condena, actúa como asesor del candidato oficialista.
El caudillo sureño levantó el perfil en el campamento oficialista como interlocutor ante las entidades rurales de Villa Mercedes, Justo Daract y el Valle del Conlara. Y en los últimos días se involucró en el conflicto municipal en Obras Sanitarias de Villa Mercedes bajándole la línea de Terrazas del Portezuelo a Maximiliano Frontera para que destrabe la crisis que abrió un frente de tormenta en la campaña del intendente.
Su presencia en el elenco del comando de campaña albertista no es una novedad. Sergio Freixes asomó en la escena provincial el 8 de abril 2004 al asumir como ministro de la Legalidad, en momentos que Alberto Rodríguez Saá trastabillaba producto de la crisis que provocó al atacar a la Iglesia Católica y derogar el Estatuto Docente.
Arrancaba el 2005 cuando se desató uno de los mayores escándalos de corrupción institucional en la provincia. La entonces magistrada Marina Ziliotto hizo público que el poder político estaba obligando a los jueces a firmar su renuncia antes de asumir. Intentaron callarla ofreciéndole un cargo para que desista de la denuncia (Viviana Moreira, esposa de Freixes y entonces senadora, quedó grabada en una cámara oculta). Apuntó a Freixes como el instrumento de las presiones y condicionamientos del Gobierno sobre el Poder Judicial.
Fue la agente fiscal, Gretel Diamante (actual camarista federal) quien formalizó la denuncia ante la Justicia Federal. La esposa de Enrique Ponce, hoy candidato a intendente por el lema de Rodríguez Saá, expuso ante el Gobierno nacional y el Parlamento el plan sistemático de sometimiento a los jueces.
En noviembre de 2018 el Tribunal Oral Federal lo sentenció a 5 años de prisión por coacción agravada y amenazas, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años. En julio de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal amplió la condena a 6 de años de cárcel porque condicionaba la designación de cargos de la magistratura a que los aspirantes dejasen firmada su renuncia a disposición del gobernador, de manera anticipada al puesto en un documento en blanco. Ahora el caso está a la espera de la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema.
Freixes que tiene a Nueva Galia como su propio feudo siempre estuvo al lado de Rodríguez Saá. En algunos momentos en las sombras y en otros en altísimos cargos. Nunca se fue.
El actual gobernador mantiene intacta su confianza en el caudillo que ahora presta servicios para el ex juez del Superior Tribunal en la carrera electoral. No alcanza con la millonada gastada en publicidad, para que el Gato aparezca en todas las páginas que uno abre en Internet, así sea el New York Times o la página de ESPN.
El Departamento Dupuy es un territorio casi inexplorado para el Gato Fernández. Una extensa llanura poblada de caldenes y hacienda vacuna en la que no es fácil penetrar si no es de la mano de uno de los caudillos históricos, esos patrones de estancia acostumbrados a amañar elecciones y apretar a quienes no se amoldan a sus designios.
Por eso apareció en escena Sergio Freixes, el recordado ministro de la Legalidad, el hombre del que habló el país cuando se supo que, contrariando de manera flagrante el exótico nombre de su cartera, nombraba jueces pero a la vez los hacía firmar una renuncia en blanco antes de asumir, sin dudas siguiendo órdenes del entonces (y actual) gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Un acto no sólo delictivo (coacción agravada), sino también repudiable desde lo moral y lo republicano, que mereció una condena en todas las instancias de la Justicia y que aún está en manos de la Corte Suprema de la Nación, por lo que todavía pende sobre su cabeza una pena de seis años de prisión. Mientras tanto, el actual gobernador, que lo sacó del cargo, miraba para otro lado, pero lo mantenía con un sueldo en distintas posiciones del organigrama al tiempo que las denunciantes del caso sufrían presiones y amenazas.
Éste es el hombre que eligió Rodríguez Saá, el mismo al que sacó del Ministerio de Producción luego de un paso que dejó varios heridos entre sus pares de gabinete y del que sus subordinados pretenden olvidarse rápido, porque la pasaron bastante mal. Todavía recuerda un jefe de Programa la reprimenda de Freixes cuando se enteró que varios funcionarios con años en la ruralidad (ingenieros agrónomos y veterinarios) habían aceptado la invitación a comer un asado de un ex ministro de esa misma cartera, lo que llevó a represalias internas que lo mostraron como un hombre caprichoso y desbordado.
Fue intendente del pueblo varias veces y otras, como desde hace ocho años, lo tiene bajo su designio a través de su cuñado Sergio “Pitín” Moreira, quien como en la próxima elección no puede ser reelegido, le dará su lugar como candidata municipal a la hija de Freixes, Diamela. Ella a su vez le cederá gentilmente su banca de senadora al tío si es que el kirchnerismo puntano puede ganar el 11 de junio. Todo queda en familia en el actual régimen, bien lo saben los puntanos, y mucho más si les dejan margen de maniobra a caudillos como él.
El pedido del Ejecutivo a Freixes tiene dos vértices bien definidos. Debe acompañar al Gato en sus recorridas por Dupuy y Pedernera, juntando la gente necesaria para hacer número, aunque a nadie le interese lo que diga o ya conozcan el libreto de memoria. Simplemente van por miedo a perder el plan, el subsidio o el favor del patrón de estancia, que siempre los manejó con clientelismo: te doy, me das; no te portás bien, te castigo; sos servil, te premio.
A Freixes el Gobierno lo tenía “escondido” manejando una caja fenomenal como es la Fiesta del Caldén, un cargo de jefe de Programa con buen sueldo y lejos de las luces pero que en cada verano tiene un presupuesto que bien podría ser usado para mejorar la educación o la Justicia en lugar de pagar fortunas para traer artistas al sur de San Luis, en un evento que maneja a medias con Alberto Rodríguez Saá hijo, sin rendiciones de cuentas.
Antes, luego de su salida del Ministerio de Producción, su amigo el gobernador lo había designado interventor del Pueblo Ranquel, donde llevó adelante una política represiva que provocó la reacción de muchos de sus integrantes. Dos mujeres, Juana Alcántara y Noemí Escudero, cobraron notoriedad el año pasado cuando acamparon frente a Terrazas del Portezuelo, pidiendo hablar con el primer mandatario para quejarse del maltrato del funcionario, que vapuleó así una de las banderas del actual régimen, que siempre se jactó de respetar las culturas ancestrales de San Luis.
Freixes también nombró a su hijo, Francis, jefe del área Planificación de Eventos que depende directamente del Programa de su padre, que se conoce como Festivales Puntanos, lo que también asegura otro suculento ingreso económico a la familia. Para que no se note tanto el nepotismo, los puso en funciones en marzo del año pasado, pero recién lo publicó en el Boletín Oficial en septiembre.
En 2019, Francis protagonizó un accidente fatal en la Ruta 188, a metros del ingreso a Fortuna, en el que murió un motociclista atropellado por la Toyota Hilux que él manejaba y en la que iba acompañado por amigos. Se trataba de Domingo Barroso, un empleado municipal. Freixes hijo, más conocido como Chulo, siguió de largo y dejó tirado, agonizante, sobre la cinta asfáltica. La jueza de primera instancia, Mirta Ucelay le había dictado la falta de mérito, pero luego la Cámara de Apelaciones N° 2 revocó ese fallo y lo imputó por homicidio culposo agravado, por lo que ahora el 3 de julio comenzará el juicio con un pedido de condena a cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para conducir. Mientras tanto, sigue cobrando del Estado, al igual que su padre, sobre el que pesa un pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el escándalo con los jueces que se desató en 2005 y todavía se sigue tramitando en la Justicia.
El último negocio que involucra al asesor del Gato Fernández tiene que ver con una obra que parece una cargada a los habitantes de Nueva Galia: la construcción de un parque acuático en una localidad que padece desde hace décadas con el agua, que viene con una elevada dosis de arsénico que la hace imposible de consumir por la población. En medio de la crisis que vive la Argentina y un San Luis donde más del 60% de los chicos está sumido en la pobreza, Alberto Rodríguez Saá decidió invertir 950 millones de pesos. Probablemente los manejará Freixes ya que al parque acuático lo van a instalar en el predio donde se hace el Festival del Caldén, que de paso, como si la plata sobrara, va a tener nuevas refacciones.
Obra pública y más obra pública en tiempos de despedida, una caja sin límites que despierta sospechas bien fundadas en el país de la coima y la falta de controles. Será largo el camino hasta diciembre, cuando todas las encuestas indican que es posible un cambio de época en San Luis. Mientras tanto, Freixes volvió de la oscuridad para sumarse a la campaña de Gato Fernández.