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El Gobierno provincial dio marcha atrás con el proyecto de litio en San Francisco

El despliegue de la compañía Latin Resources generó el rechazo de la comunidad por temor al envenenamiento del agua y la destrucción del medioambiente. Ahora se dispuso la caducidad de la explotación de la mina Géminis. Los autoconvocados mantendrán una asamblea.

La marcha atrás del Gobierno fue valorada como “el fruto de la lucha cuando un pueblo quiere unirse por un bien común”.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 30/01/2019 11:31
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A dos días de un corte parcial de la Ruta nacional 146 y el acceso a la localidad, donde los vecinos autoconvocados habían programado la entrega de folletos informativos sobre la problemática de la megaminería, el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá dispuso dar marcha atrás con la explotación de Géminis.

La Resolución 299, con fecha del 28 de diciembre del 2018, pero que fue publicada recién en los medios oficiales, estableció la medida y desde el Gobierno señalaron que toda la actividad productiva de la provincia debe enmarcarse dentro del “Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente”, para asegurar un crecimiento sustentable sin perjudicar el entorno natural.

En la misma línea se señaló que aquellos proyectos que pretenden establecerse en San Luis deben encuadrarse dentro de la Ley Nº 634-2008 “Preservación y restauración ambiental del sector minero”, que apunta a la prohibición de las sustancias tóxicas.

De acuerdo a lo estudiado, San Francisco posee un área de cobertura rica en minerales que incluye a dicha mina y a Don Gregorio. En su totalidad se estima la existencia de “ocho millones de toneladas” de vetas de litio en roca en su estado más puro, motivo por el que la compañía Latin Resources tiene intereses en explorar y explotar la zona.

La empresa había adquirido las concesiones de más de 120 mil hectáreas comprendidas por terrenos que van desde La Carolina, pasando por Concarán, La Toma, Merlo, Tilisarao, Carpintería, Leandro Alem, y Quines.

El documento que materializó la sanción informa que el expediente caratulado “Roldan Teresa Nelli y otro”, requería las pertenencias mineras de berilo, espodumeno y ambligonita (mina Géminis).

Según la resolución, durante los últimos cuatro años “no figura inscripción” sobre el yacimiento en el registro de Productores Mineros, como tampoco figura una declaración de producción anual, ni el retiro de guías de transporte de mineral, es decir, estuvo “inactivo”.

Por otro lado, luego de una intimación, los concesionarios adjuntaron una actualización del plan de activación de mina, sin embargo no fue suficiente la documentación.

Para octubre del 2017 se los emplazó para que presentaran nuevamente los trámites requeridos. El mes siguiente se presentó un acuerdo de exploración con opción de compra suscrito entre los concesionarios y Latin Resources con un plazo de un año.

Más adelante el apoderado de la empresa australiana efectivizó una propuesta de “nueva huella de acceso” y una ampliación del plan de reactivación, pero no está expreso en el expediente que haya acreditado el plan con montos de inversiones.

Entre las irregularidades detectadas, se confirmó que el acuerdo de exploración en la que los concesionarios le daban al apoderado de la firma un poder para la gestión de trámites, no tenía validez por lo que carecía de capacidad para las presentaciones.

Ya para el año pasado se siguieron incurriendo en anomalías donde no se respetaron plazos. Todos los inconvenientes concluyeron en la sanción prevista en el artículo 225 y 218 bis del Código de Minería: la caducidad de los derechos sobre la mina. De este modo el yacimiento quedó “vacante”.

Géminis, el rechazo de los vecinos

El principal cuestionamiento de la comunidad consistió en su preocupación por el daño ecológico. Por un lado estaba su temor por la destrucción de las sierras centrales, fundamentalmente porque para la extracción del litio se utilizan procesos de megaminería, por otro lado la contaminación del agua.

En este sentido la actividad proyectada en Géminis se ubica a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, lo que significaba una verdadera incógnita sobre el envenenamiento del agua que no sólo perjudicaría a los vecinos de la zona sino a las regiones río abajo.

La indignación de los lugareños se materializó en reclamos y asambleas que se vienen desarrollando desde hace algunos años, cuando se iniciaron los trabajos de exploración y apertura de caminos en la mina Géminis en las coordenadas 32º 38’ 55’’ S- 66º 04’ 12’’ W.

Hace cuatro años se desarrolló la primera asamblea de vecinos autoconvocados para solicitar información a la Municipalidad de San Francisco.

Inicialmente se procedió a la apertura de caminos y desmonte de zona protegida según la Ley de Protección de las Sierras Centrales. Por ello se elevó una denuncia al ministerio correspondiente con el aval de 1000 firmas, puntualizando las graves irregularidades en la presentación del estudio de impacto ambiental. En este marco se concretaron asambleas públicas en la plaza central.

Tiempo después los vecinos se congregaron en la ruta Provincial 146 para brindar información al respecto. Al día siguiente utilizaron la banca del ciudadano en el Concejo Deliberante para requerir el pedido de informe sobre los trabajos en la zona.

El 13 de septiembre de 2017 los vecinos presentaron en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza de Prohibición de la Actividad Minera, Almacenamiento y Transporte de Sustancias Contaminantes Destinadas a la Minería.

El 20 de septiembre se aprobó por unanimidad.

En 2018 los vecinos mantuvieron contacto con referentes de Minería del Gobierno y les negaron información, dejando entrever que el proyecto en Géminis avanzará. De hecho mediante un diálogo que mantuvo el abogado representante de los vecinos con autoridades del Gobierno, les manifestaron que los permisos están otorgados.

La web oficial de Latin Resources informaba constantemente sobre los avances entre el Gobierno y la compañía, donde un acuerdo vinculante les daba un pase directo a la concesión del 100% de Géminis y la exploración de Don Gregorio.

Incluso llegaron a publicar sobre un acuerdo de paz celebrado con vecinos de la zona, en el que posteriormente los lugareños desmintieron haber mantenido tal negociación con la compañía.

Lo cierto es que en medio de las novedades que definían los avances, se pedían reuniones con funcionarios. Tras varias solicitudes fueron visitados por la secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza y la directora de Minería, Romina Zoppi.

Allí les manifestaron su preocupación. El litio actualmente se plantea como una energía alternativa que arroja producciones millonarias, con lo cual no sería fácil impedir el avance de explotación.

En esa oportunidad no tuvieron respuestas contundentes. Si bien las funcionarias llevaron la “tranquilidad” de que no se perjudicaría el medioambiente, la idea de que los informes no estaban íntegros arrogaba la duda de lo que podía pasar si finalmente los presentaban ajustándose a las normativas.

Finalmente después de innumerables medidas ejercidas por los vecinos y la instalación del tema en medios de comunicación, tanto a nivel provincial como nacional, el Gobierno dio marcha atrás.

Asamblea informativa

Ahora a raíz de la medida, los vecinos deberán analizar si efectivizarán el corte de la Ruta provincial 146. Cuando resolvieron organizarla, lo hicieron desde la base de la “concientización”, a sabiendas de lo que simboliza el corte de una ruta en la provincia donde “no se acostumbra” a este tipo de acciones.

En las últimas horas los vecinos acordaron una asamblea de último momento pautada para las 20 en la Plaza Pringles de la localidad, donde se hará entrega de la resolución a todos los presentes y se estudiará atentamente lo dispuesto.

Más allá de la continuidad de la medida de fuerza lo cierto es que el trabajo de los vecinos no culminará a instancias de la caducidad de explotación, sino que seguirán “de cerca el caso”.

La marcha atrás del Gobierno fue valorada como “el fruto de la lucha cuando un pueblo quiere unirse por un bien común”.

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