Los municipios reciben solo el 0,6 % de los recursos totales de la Provincia

Lo único seguro es que a lo largo de 2018 los pueblos y ciudades se repartirán el 0,6% de los $26 mil millones que ingresarán al tesoro del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Ese dato más el aviso sin eufemismos del gobernador de que no habrá fondos para obras y que deberán acomodarse con su presupuesto, resultó suficiente para que cada uno arme su plan de contingencia.

Un mes antes de las legislativas de 2017, Rodríguez Saá prometió un festival de obras a los pueblos que se tiñeran en las urnas con los colores de Unidad Justicialista.

“Si…ganan por el doble, les hago todas las obras que se les ocurran. Y la que saque el mejor porcentaje, los que doblen, les hago el doble de las obras que se les ocurran”, arengó a fines de septiembre en un salón de Saladillo.

Fue un 2017 de abundancia porque los intendentes oficialistas recibieron en forma discrecional $126 millones en plena campaña electoral. La ciudad de San Luis, La Punta, Santa Rosa, Unión y Anchorena no estuvieron en el lote de las privilegiadas.

Los intendentes oficialistas, dirigentes mansos, curtidos y con oficio, no protestarán por la sequía. Y sus pares opositores no se sorprendieron por el anuncio de que no lloverán buenas noticias en sus pueblos.

Los municipios se nutren de fondos esencialmente por dos vías: El cobro de tasas, cuyo índice de eficiencia es muy bajo, y la coparticipación (San Luis es la provincia que menos distribuye entre sus pueblos: 7,8%, dado que la media nacional está por encima del 12%).

Entones el cóctel de variables que tiene el colegio de intendentes en la mesa lo conforman:

/.- La escasa coparticipación.

/.- La insignificante recaudación de tasas.

/.- El riesgo cierto de perder el Fondo de la Soja porque el Gobierno provincial no firmó el Pacto Fiscal.

Del presupuesto de $26.623 millones que tendrá este año Terrazas del Portezuelo, entre los casi 70 pueblos se dividirán $1.803 millones en concepto de coparticipación.

Los gestos del Gobierno hacia Nueva Galia y Merlo definen la relación con los municipios. Derramó millones en el pueblo de Dupuy para que opacara a Candelaria y vació el Festival del Sol. En las dos primeras ganó en octubre y en la villa turística perdió por 16 puntos.

Con el escarmiento a la Villa de Merlo, el Gobierno dejó en claro qué quiere de las comunas. Rody Flores escuchó en la residencia “Villa Paulonia” de El Volcán al auténtico Rodríguez Saá y se llevó el plan de ajuste.

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en los últimos dos años, donde se habla de los recursos, en el orden provincial la apertura del régimen municipal no está en la agenda oficial.

Prácticamente todos los intendentes al abrir el año legislativo dieron cuenta del estado de la administración y se limitaron a exponer que escasamente podrán garantizar la prestación de servicios básicos.

Con todo, el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz e interlocutor natural con los municipios hizo a principios del verano un mini recorrido por localidades periféricas. Hasta ahora no se sabe si durante el raid expuso cómo planificó la Provincia trabajar este año con los jefes comunales a partir de particularidades del nuevo escenario. (Una vez que se acordó una comunicación con su vocera, este medio llamó al menos tres veces al ministro para consultarle los lineamientos. También se insistió a través de mensajes pero ninguno de los dos respondió. Rasgos que caracterizan el tercer Gobierno de Alberto Rodríguez Saá).

El Chorrillerro hizo un relevamiento entre los concejales de las cinco principales ciudades: San Luis, Villa Mercedes, Juana Koslay, Merlo y La Punta.

Los temas excluyentes de consulta fueron la situación fiscal y la relación con la Provincia. Los legisladores oficialistas prefirieron no opinar del estado financiero, mientras que los opositores plantearon la incertidumbre y preocupación que domina en las intendencias.

La mirada desde los concejos deliberantes

Merlo es el municipio que acapara la atención por su comprometida salud financiera y porque Rodríguez Saá está enojado con la Villa. Soporta una crisis que casi desemboca en la renuncia del intendente que se vio desbordado por el vacío de su partido y del Gobierno cuando se quedó sin fondos y con un paro sin concesiones de los empleados.

El jefe del bloque de Unidad Justicialista, Edgar Amaya al dar su visión sostuvo que “el gobernador ayudó en su momento a salir de la coyuntura del conflicto, con un anticipo de coparticipación; luego se pidieron un par de medidas que se están tomando, para que en una segunda charla y análisis se vea cómo se sigue con un proyecto más sustentable”.

De esa forma dejó en claro cuál es la fórmula para conseguir auxilio y eventualmente un premio.

Esa forma de vincularse fue definida como “perversa” por Juan Alvarez Pintos de Cambiemos. Dijo que la villa “ha perdido paulatinamente la autonomía, identidad cultural y turística”. Y aseguró que hay decisiones que “rozan la intervención”.

El panorama de Juana Koslay, que es administrada por Unidad Justicialista, también es complejo. Con el cambio de gestión, Jorge Videla hizo un primer sinceramiento de una herencia que es una caja de pandora.

Exhibió la ineficiencia de la anterior administración que solo podía cobrarle las tasas a 600 de los 7500 contribuyentes y un desorbitante gasto político.

A los problemas de gestión, el concejal Augusto Ortiz le sumó que “el municipio no tiene dinero para hacer obras”.

“En Juana Koslay pasa lo mismo que en todos los municipios, el Gobierno de la provincia es muy poco federal. En Nación está el tema del federalismo y acá en la provincia prevalece un fuerte estado de carácter unitario, manejándole prácticamente todos los recursos a los municipios”, consideró.

En Villa Mercedes también se pone de manifiesto el debilitamiento de la institución municipal. Carlos Andreotti advirtió que su ciudad vive “los problemas que tienen todos los municipios de San Luis, que es la escasa coparticipación provincial”.

“El intendente (Mario) Merlo reconoció que todas las obras que anunció para el 2018 hay que hacerlas con la provincia”, dijo el concejal radical al exponer la dependencia.

Según el dirigente, frente a “la concepción del poder centralista y sometimiento por el tema de los recursos”, el intendente cedió “autonomía”.

“Reclamamos el federalismo para afuera pero practicamos el unitarismo para adentro”, coincidió con sus pares opositores.

“Las obras del Gobierno siguen estando para los vecinos de La Punta”, dijo en contrapartida Isabel Valdivieso de Unidad Justicialista y remarcó que se ha recreado  “un clima institucional” que les permite “dialogar y trabajar juntos”.

La legisladora prefirió no entrar en el terreno de la relación entre el Gobierno y el intendente Martín Olivero como tampoco en la discusión sobre el Pacto Fiscal.

A La Punta justamente el año pasado, la Provincia le frenó un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y lo devolvió al Gobierno nacional. Así la ciudad perdió $5 millones.

Federico Cacace transmitió su inquietud por los vaivenes de la relación institucional: “Si bregamos porque se celebren acuerdos institucionales también hay que lograr que estos se terminen cumpliendo”, sostuvo.

Por el distanciamiento político del Gobierno municipal con la Provincia, se dieron de baja los convenios.

“Hace dos años cuando se aprobó el acuerdo por las mil cuadras de la extensión de la avenida Lafinur y la unión de los extremos, que habían quedado del corredor vial destaqué que los acuerdos institucionales eran muy buenos, porque le traen beneficios a los vecinos”, recordó.

Las consecuencias de la decisión de Alberto Rodríguez Saá de no suscribir el Consenso Fiscal, ya empezaron a sentirse. Los municipios perderán $140 millones provenientes del Fondo de la Soja que representan el 8% del dinero con el que contarán durante el año.

Este riesgo forma parte de la preocupación de los concejales.

En concreto hasta ahora hay una propuesta de solución. El senador Nacional, Claudio Poggi presentó un proyecto de ley para que lleguen a los pueblos esos recursos que tienen asignación específica: construir obras.

“El fondo de la soja que llegaba a San Luis por la normativa vigente se coparticipaba entre los municipios con destino a obras públicas y eso generaba mucha obra local. Recuerdo que durante nuestra gobernación, se duplicaba el valor a partir de un proyecto presentado por la municipalidad y se hacían las obras”, dimensionó el legislador.

El exgobernador cuestionó una vez más el rumbo de Rodríguez Saá: “Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba no son del partido político del presidente, están en la misma situación con sentencia firme de la Corte Suprema de la Nación y aún así firmaron. Si lo hicieron es porque el pacto les convenía a sus provincias”.

El concejal capitalino Guillermo Araujo precisó cómo repercute en la ciudad de San Luis quedarse afuera del acuerdo con la Nación. Serán $70 millones menos para la gestión de Enrique Ponce.

Oscar Montero de Unidad Justicialista de Villa Mercedes, por el contrario se quejó del Gobierno de Mauricio Macri. “Es una actitud de discriminación a la provincia que afecta directamente a los municipios.  Es un castigo por no haber suscripto el pacto fiscal que firmó la mayoría. Nosotros estamos de acuerdo que no era nada beneficioso firmar el consenso fiscal. Como contrapartida viene la suspensión de estos envíos que eran utilizado exclusivamente para obras. En Villa Mercedes esto tiene una incidencia importante, que son unos $33 millones al año”, opinó.

“Si para firmar ese pacto tenemos que renunciar a todo lo que nos debe el Gobierno nacional, no es correcto que lo firmemos”, se sumó Amaya de la Villa de Merlo.

Guillermo Carmona de Juana Koslay reveló que el gobernador “se ha puesto a disposición con el acompañamiento de todos los municipios, más que nada por este tema del Pacto Fiscal que nos afecta de manera negativa, pero estamos en tratativas para que cubra ese tipo de financiamiento que nos han quitado”.

Oficialistas y opositores coinciden a su manera en señalar la preocupación por los fondos que necesitarán los municipios para cabalgar el año.